La protección de los derechos de los afrodescendientes es una gran deuda histórica para los países de Iberoamérica. Los aproximadamente 150 millones de personas que se identifican a sí mismos como descendientes de africanos en Latinoamérica y el Caribe, representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. A pesar de algunos avances registrados, subsisten problemas de desarrollo como exclusión y discriminación de los sistemas educativos, empleo de la población afrodescendiente en trabajos no calificados, falta de acceso a la salud o una marcada violencia policial.

Muchas defensorías del pueblo miembros de la FIO han emprendido una serie de actividades para mejorar la atención y protección de sus derechos. La FIO se sumó a estos esfuerzos para realizar un primer encuentro sobre "El compromiso de las IDH con las poblaciones afrodescendientes frente a la Agenda 2030” realizado los días 11-14 de diciembre en la ciudad de Oaxaca, México, con el auspicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.

La cooperación alemana por medio de su proyecto regional PROFIO apoyó este evento con el propósito generar conocimientos y reflexiones sobre las acciones defensoriales en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente en marcadas a los ejes estratégicos del Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) establecido con la Resolución A/RES/68/237 de la ONU. Los Estados se comprometieron a preparar programas de acción y de actividades nacionales para la aplicación plena y efectiva del Decenio.

Para lograr avances y superar el racismo y la discriminación es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de las Instituciones de Derechos Humanos a diferentes niveles para la promoción de la igualdad y establecer actividades defensoriales a favor de personas y pueblos afrodescendientes, tales como: recomendaciones de políticas y programas dirigidas a este segmento de la población; incidir en políticas públicas con pertinencia étnico-cultural; incidir en la aplicación de censos o índices sobre la situación de la población afrodescendiente; elaborar propuestas o incidir en el desarrollo de legislación nacional sobre derechos de los pueblos y población afrodescendiente; servir de articuladores entre el Estado y las comunidades afrodescendientes; verificar y monitorear que los planes y programas sean consultados con las poblaciones afrodescendientes; y, finalmente, promover acciones afirmativas en el ámbito educativo y laboral.