Institucionalidad del Ombudsman 

El objetivo del proyecto PROFIO I es el fortalecimiento institucional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman confirmada por veinte instituciones de ombudsman nacionales de países de Iberoamérica. Un insumo primordial para definir el futuro de la FIO, sus propósitos y metas a mediano y largo plazo es la definición de la institucionalidad misma del ombudsman. 

El ombudsman iberoamericano (Defensor del Pueblo o de los Habitantes, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o de los Derechos Ciudadanos) es una institución con una media de aproximados 25 años de existencia en la mayoría de los países de la región. Son instituciones estatales encargadas de la defensa, la promoción y la divulgación de los derechos humanos. Desde su creación la sociedades latinoamericanas han transcurrido profundas y complejas transformaciones que obligan también revisar  a éstas instituciones en su estructura institucional y en sus funciones, siempre rescatando los acuerdos sociales sobre la necesidad de defender el interés general, de preservar los espacios públicos, de garantizar el respeto de las libertades y de promover la igualdad y la diversidad.

Los desafíos institucionales pueden ser de índole procedimental interno (p.ej. mora institucional debido a reglamentos internos basados sobre leyes desfasadas) o externo como la desobediencia de los funcionarios públicos frente a los requerimientos y resoluciones del ombudsman.  Otro desafío es el escenario de actuación frente a los servicios públicos o ante nuevas tareas como la defensa del consumidor, y empresas privadas en general. Otros de los hallazgos son los procesos de especialización y modernización judicial que han conseguido no solo brindar celeridad sino que también, han facilitado el acceso de las personas a la justicia ordinaria. Eso obliga a que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos alivianen sus modelos de conocimiento y resolución de denuncias por presuntas violaciones a los Derechos Humanos para no ser superados en cuanto a celeridad y eficacia por la propia justicia ordinaria.

El papel de las instituciones de ombudsman en las democracias modernas se pueden resumir en las siguientes tres funciones:

1. Magistratura Moral: "La magistratura moral que ejerce el Defensor del Pueblo debe entenderse como la construcción de un discurso que se divulga para generar un aprendizaje sobre la necesidad de construir y mantener vivos los diálogos abiertos y permanentes que propician la defensa de los intereses generales, de los derechos ciudadanos, de los espacios públicos y el florecimiento de estilos particulares de vida. Además, pese a que la magistratura moral está fundada en la independencia y el período fijo del Ombudsman, no puede entenderse como una función de árbitro simple porque el ejercicio de la auctoritas, que consiste en suscitar diálogos amplios e incluyentes para construir saberes sociales, esto es, para construir un discurso en el que el Ombudsman debe hacer prevalecer valores republicanos y democráticos como la libertad individual, la división del poder, la imposición de límites al gobernante, la promoción de modelos de desarrollo incluyentes y participativos, la garantía de los derechos colectivos y de los grupos humanos más vulnerables y el respeto de la diversidad." (Defensor del Pueblo de Colombia, El ombudsman, 2014)

2. Supervisión del estado

3. Derechos Humanos

Para poder hacer frente a los desafíos planteados, las instituciones de ombudsman deben 

  1. revisar sus mandatos de tal manera que fiscalice la garantía del ejercicio de los Derechos Humanos independientemente de la persona al prestador; bien sea el Estado, bien sean terceros nacionales, extranjeros o internacionales que hayan obtenido la delegación de esta responsabilidad por parte del Estado.
  2. modificar su modelo defensorial por lo que hace a la recepción y tramitación de las denuncias, logrando cumplir con los principios de celeridad, brevedad y sencillez, que la misma Ley establece.
  3. concebir en armonía con la legislación nacional la obligatoriedad en el acatamiento de las resoluciones emitidas por la PDDH. 
  4. ajustar su estructura y reglamento interno a fin de fortalecer la presencia en todo el territorio nacional.

El proyecto PROFIO aborda esto temas en diferentes formados de asistencia técnica.